Publicidad engañosa

Sin que sirva de precedente, voy a ponerme serio un momento, ¿vale?

Ya que el asco parece estar de moda, diré por delante que pocas cosas me dan más asco que alguien capaz de asesinar, indiscriminadamente o no, en nombre de una patria y una bandera. Así que, por mí –subrayo por mí–, cada verdugo de ETA podría pudrirse en la cárcel treinta años más… Venga, va, que sean sesenta. (Y recordad: no estoy de broma).

El dolor y la rabia son armas muy poderosas: si a mí me hubiesen matado un hijo en un atentado, probablemente intentaría saltar sobre su asesino delante del juez y de su abogado defensor y arrancarle algún órgano interno o externo de un mordisco. Un acto de desesperación, no exento de valentía, que, sin duda, desataría una oleada de solidaridad espontánea en las redes sociales. Tal vez habrá, incluso, quien lo considere un solución plausible para dar salida al marasmo de causas pendientes en los juzgados. Pero no sería un acto de justicia. La justicia, que es ciega, no puede ser guiada o administrada por las víctimas, porque, como es lógico, buscan sobre todo venganza y reparación. Y, hasta donde yo sé, la justicia no está exactamente para eso.

La doctrina Parot (como ya os habréis podido imaginar, es ahí a donde quería llegar) NO ES LEGAL. Nunca lo fue. Fue un invento, un mecanismo algo tosco pero apañado para joder todo lo posible a gente mala que antes había jodido a muchos, muchas veces y durante mucho tiempo. Sin embargo, a la larga, en un estado de derecho –o en un matrimonio– las invenciones, las ocurrencias, saltarse las normas, hacer excepciones, trampear, nunca es un buen negocio. Y si es el propio Estado quien lo patrocina resulta obsceno, inadmisible. Y si, por último, nosotros lo consentimos, catastrófico. Porque ¿a quién reclamaremos cuando la trampa –otra cualquiera que nos hayamos permitido inventar– la suframos en nuestras propias carnes? ¿Quién decidirá mañana cuándo y cómo «conviene» saltarse de nuevo la ley? ¿El Gobierno de turno? ¿El Ministro de Justicia? ¿La Policía? ¿La Asociación de Víctimas del Terrorismo?

El nuestro –el de un país, ejem, democrático– es un sistema «garantista». Eso supone que la justicia se la coge –o debería hacerlo, por el bien de todos– con papel de fumar cuando debe enviar a alguien a la cárcel por una larga temporada. Porque en las facultades de derecho se enseña desde primero aquello de que es preferible que un culpable pase el resto de su vida en la calle a que un inocente pase el resto de la suya en la cárcel.

Y no vale proclamar a voz en cuello «que la justicia es un cachondeo», que mira lo de Bárcenas, o lo de los ERE, o… Vamos a ver, ¿no es justo de eso de/contra lo que estamos hablando? ¿De que haya MÁS justicia? ¿O debemos empezar cargándonos los pilares de la poca que tenemos?

A mí me resultará muy doloroso, mucho, ver salir a la calle, desde la cárcel, a la etarra Inés del Río o al asesino de las niñas de Alcàsser, tanto monta… Pero me aguantaré, una vez más, las ganas de devorar cerebros, aún tan faltos de chicha como el de este par de zombis, y celebraré, en cambio, serena, discretamente, con Alberto Garzón Espinosa y con quien, como él, hoy se arriesgue a defender públicamente aquello en lo que cree y en lo que nos educaron nuestros padres, que el imperio de la Justicia (así con la jota mayúscula) contraataca.

Y la Asociación de Víctimas del Terrorismo haría bien en demandar a quienes les prometieron el infierno en la tierra para sus asesinos, por publicidad engañosa.